Informe de la Valdeora do Pobo sobre la legalidad de la limitación del acceso del público a los plenos de la Diputación Provincial
Jorge Pumar, vicepresidente segundo, destaca que el PP tomó la iniciativa de proponer una regulación para la presencia de público en las sesiones, "frente a la pasividad de la oposición".
"La decisión adoptada por el presidente de la Diputación Provincial de limitar el acceso del público a la sesión del 27 de noviembre de 2015 no infringe el actual ordenamiento jurídico local." Así concluye la Defensora del Pueblo, Milagros Otero Parga, el expediente abierto tras la denuncia presentada por el grupo socialista de la oposición. Un informe que para el vicepresidente segundo de la institución, Jorge Pumar, supone un respaldo total a la decisión adoptada en su momento por el presidente, Manuel Baltar, "quien tiene la responsabilidad de permitir el normal desarrollo de las sesiones".
La conclusión del Defensor del Pueblo llega tras el estudio "global y razonado" de la documentación aportada por la Diputación, tras la apertura del expediente el pasado mes de diciembre.
El mismo informe aconseja, por otra parte, establecer "un procedimiento objetivo" para el acceso del público a los plenos, una regulación en la que ya está trabajando el grupo de gobierno del Partido Popular, destacó Jorge Pumar, tras la moción presentada en este el Partido Popular en el último pleno del año pasado.
El grupo de gobierno, apunta Jorge Pumar, "tomó la iniciativa en este tema y ayer mismo nos reunimos con los portavoces de los grupos políticos de la oposición y el Partido Popular fue el único que presentó una propuesta".
Para el vicepresidente segundo de la Diputación, "la pasividad mostrada por PSOE y BNG en este asunto es una muestra más de su estrategia de confrontación, en la que no aportan nada y se limitan a tensar los plenos y denunciar públicamente opinión supuestas prácticas que, según afirman, coartan la libertad de expresión".
Un comunicado que, destaca Jorge Pumar, desmonta ahora a la Defensoría del Pueblo al hacer referencia a la legalidad de la decisión del presidente de la institución provincial.
La Diputación Provincial de Ourense, concluye, toma así la iniciativa incluso en las otras tres instituciones provinciales de Galicia -gobernadas por el PSOE y por coaliciones con el BNG- e incluso en nuestra provincia, donde prácticamente todos los municipios carecen de normas específicas dentro de su normativa.
