La Diputación creará una comisión de investigación para garantizar la máxima transparencia en la gestión de los proyectos Daredo y Deputrans

La Diputación Provincial de Ourense creará una comisión de investigación, a petición del presidente de la institución, Manuel Baltar, para analizar las supuestas irregularidades detectadas por la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en los proyectos Daredo y Deputrans, según informó la Investigación iniciada a raíz de una denuncia anónima, aparentemente, presentada por un empresario que trabaja en el sector de la potabilización de agua.

El presidente provincial compareció hoy ante los medios de comunicación para informar de la presentación de una moción en el pleno del próximo viernes en la que se solicita la creación de la comisión de investigación, y para señalar que la Diputación Provincial de Ourense presentará alegaciones a todos los consideraciones que señala la OLAF en su informe -sólo informativo pero no vinculante- porque la institución provincial entiende que no existen tales irregularidades, y por ello está redactando las alegaciones pertinentes que remitirá al Ministerio de Hacienda y Asuntos Públicos. Administración en los próximos días alegaciones que irán acompañadas de pruebas contundentes que demostrarán, según los servicios técnicos y jurídicos de la Diputación, la falsedad de las acusaciones formuladas por la OLAF.

El Ministerio de Hacienda, siguiendo una recomendación de la OLAF, acaba de notificar a la Diputación de Ourense el inicio de un procedimiento de devolución de las subvenciones recibidas por la Diputación en el marco de los proyectos Daredo y Deputrans, referidas a la contratación de depuradoras de agua. suministros de plantas y asistencia técnica en los ejercicios 2003 y 2004 por importe de 10.123.053,05 €.

Manuel Baltar destacó "el firme compromiso de "total transparencia" por parte de la Diputación Provincial de Ourense, por lo que quiere llegar al fondo del asunto investigando, investigando y analizando todas y cada una de las cuestiones remitidas al gestión de estos proyectos a los que se refiere el informe de la OLAF, para despejar las dudas que puedan surgir", y destaca que, según los técnicos "a lo largo de este proceso hemos actuado de acuerdo con la ley y la normativa vigente".

Los técnicos del organismo provincial señalan también que el proceso de adjudicación de las depuradoras ya fue objeto de una investigación por parte de la Fiscalía de Ourense en 2008, según el informe de la OLAF, y estas diligencias fueron archivadas según auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ourense en marzo de 2009 al no apreciar la existencia de hechos delictivos.

Además, y al margen de lo dicho anteriormente, los técnicos de la Diputación Provincial de Ourense consideran que se debe archivar el expediente de devolución iniciado por el Ministerio de Hacienda, dado que, además de resultar improcedente por todo lo expuesto, la actuación es completamente prescrito.

Los argumentos de las alegaciones que presentará la Diputación se basan en que las prescripciones técnicas del contrato respetan escrupulosamente la ley y la OLAF no indica ninguna normativa que haya sido infringida. El organismo provincial alega también que la Diputación, como cualquier otra administración pública, tiene derecho a establecer las prescripciones técnicas que considere más convenientes para garantizar la máxima calidad de los suministros que adquiere.

En cualquier caso, la OLAF admite en su informe que la Diputación Provincial de Ourense está "vigilando adecuadamente el uso de las depuradoras" y que "dispone de recursos técnicos y jurídicos suficientes para garantizar su implantación, en el caso de que las plantas queden inutilizables para causas imputables a un municipio".