El Gobierno provincial presenta una modificación de crédito de 6,2 millones de euros, casi íntegramente para ayudas a municipios afectados por los incendios, servicios municipales y necesidades de financiación
La modificación, explica el presidente de la Diputación, Luis Menor, se enmarca dentro de las limitaciones que imponen las reglas fiscales reactivadas por el Gobierno central en 2024. Esto implica que de los 24 millones de euros de superávit de tesorería generados en la institución foral, solo se podrán utilizar algo más de 6 millones.
Además de una partida de 60.000 euros para expropiaciones, 6,1 millones se reparten en 191 subvenciones para los 91 municipios ourensanos con menos de 20.000 habitantes.
En general, estos recursos permitirán a los municipios cubrir sus necesidades de infraestructura, equipamiento, servicios públicos básicos o instalaciones deportivas. Se incluyen los compromisos correspondientes a los pagos anuales de este año del plan de residencias de ancianos.
Ourense, 17 de octubre de 2025.
El Gobierno provincial presentará en la Comisión de Hacienda el próximo miércoles, y para su posterior debate en el Pleno de octubre, un expediente de modificación de crédito por importe superior a 6,2 millones de euros, de los que la práctica totalidad -más de 6,1 millones- se distribuyeron siguiendo criterios objetivos y homogéneos para ayudar a los municipios afectados por los incendios de este verano, prestar los servicios municipales y dar respuesta a necesidades especiales de financiación.
La modificación, explica el presidente de la Diputación, Luis Menor, se enmarca dentro de las limitaciones que imponen las reglas fiscales reactivadas por el Gobierno central en 2024. Esto implica que de los 24 millones de euros de superávit de tesorería generados en la institución foral, solo se podrán utilizar algo más de 6 millones.
En este escenario, señala Luis Menor, “la modificación está pensada exclusivamente para los ayuntamientos, ya que con esa cantidad no es posible llegar a otros ámbitos como la colaboración con entidades”.
Los créditos extraordinarios incluidos en el expediente de modificación, financiados con el aumento de ingresos recaudados, ascienden a un total de 6.249.377,77 euros. De esta cantidad, 60.000 euros se destinan a una partida necesaria para los procedimientos de expropiación y el resto, 6.189.377,77 euros, a subvenciones de cooperación local, distribuidas en 191 subvenciones para los 91 municipios de Ourense con menos de 20.000 habitantes, es decir, todos los municipios excepto la capital.
En general, estos recursos permitirán atender las necesidades manifestadas por los municipios en materia de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos básicos o instalaciones deportivas, lo que al mismo tiempo implica que las subvenciones propuestas se enmarcan en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Cabe destacar que el expediente incluye los compromisos correspondientes a los pagos anuales de este año para el plan de residencias de ancianos, cofinanciado por la Xunta de Galicia. Se trata de los casos específicos de la construcción de centros en A Peroxa (250.000 euros); Vilamarín (100.000); y Carballeda de Avia (más de 57.000).
Criterios objetivos de distribución
La distribución de los más de 6,1 millones se basa en tres criterios. Por un lado, se destinan contribuciones a los municipios grave o significativamente afectados por la ola de incendios forestales de este verano, con un porcentaje en función de la superficie quemada que oscila entre los 100.000 euros para los municipios más afectados y los 55.000 euros para los menos afectados, pero siempre de forma significativa.
En segundo lugar, la modificación establece una distribución lineal en función de la población de cada municipio, con cantidades que oscilan entre los 30.000 euros para los municipios de menos de 1.000 habitantes; los 40.000 para los de entre 1.000 y 5.000; y los 50.000 euros para los municipios de más de 5.000 habitantes.
El tercer criterio utilizado en la distribución de recursos se refiere a las necesidades especiales de cofinanciación que tienen los municipios para proyectos en cuya ejecución participan otras administraciones.
