La Diputación Provincial finaliza el dispositivo especial de apoyo para el proceso extraordinario de regularización de migrantes tras haber asistido a casi 200 personas
El área de Bienestar Social mantiene desde el 14 de mayo un servicio de atención específico con seis profesionales del departamento, en coordinación con entidades sociales del tercer sector.
Alrededor del 20% de las personas atendidas pertenecían a unidades familiares con hijos dependientes. Las nacionalidades con mayor representación fueron Venezuela, Colombia, Guinea, Perú, Marruecos y Ghana.
La mayoría de las personas atendidas eran jóvenes, con una edad media de 35 años. Casi todas llevaban residiendo en España más de un año.
Ourense, 30 de junio de 2026.
El Consejo Provincial de Ourense, a través del Área de Bienestar Social, finalizó hoy el dispositivo especial habilitado como refuerzo y coordinación con las entidades del tercer sector de la provincia para la atención urgente a los migrantes, dado el extraordinario proceso de regularización abierto por el Gobierno central.
Desde el 14 de mayo hasta hoy, 30 de junio, la institución provincial ha mantenido un servicio de apoyo abierto de lunes a jueves por la tarde, atendido por un equipo de seis profesionales del área de Bienestar Social. El objetivo era fortalecer la capacidad de respuesta ante un proceso administrativo de especial relevancia social, ofreciendo información, orientación, apoyo técnico y colaboración en la revisión y verificación de la documentación necesaria.
Durante este periodo, se prestó asistencia a casi 200 personas, lo que permitió un acercamiento directo a la realidad social, familiar y laboral de quienes solicitaban apoyo. Entre las personas asistidas, aproximadamente el 20% pertenecía a unidades familiares con menores a su cargo, quienes recibían educación en centros de la provincia cuando se daba esta circunstancia.
Las nacionalidades con mayor presencia fueron Venezuela, Colombia, Guinea, Perú, Marruecos y Ghana. En el caso de las personas de nacionalidad venezolana, una parte muy significativa correspondía a solicitantes de protección internacional, lo que demuestra la diversidad de situaciones administrativas y personales que confluyeron en este proceso.
La mayoría de las personas atendidas eran jóvenes, con una edad media de 35 años. Casi todas residían en España desde hacía más de un año, si bien el requisito reglamentario mínimo para este trámite era de cinco meses de residencia ininterrumpida antes de la fecha establecida por la normativa aplicable. Asimismo, las personas atendidas presentaron certificados de antecedentes penales en regla y manifestaron su disposición a trabajar para otros.
Compromisos de contratación
Uno de los elementos más relevantes observados en este dispositivo fue la clara orientación sociolaboral de las personas atendidas. Un alto porcentaje tenía el compromiso de ser contratado si obtenían la regularización, y muchos de ellos habían desarrollado previamente itinerarios sociolaborales en colaboración con entidades sociales, servicios de apoyo o recursos de inserción.
El área de Bienestar Social subraya que estos datos permiten contextualizar el alcance real del plan, más allá de la asistencia puntual. La intervención puso de relieve la existencia de personas ya establecidas en la provincia, con vínculos familiares, escolares, sociales y laborales, y con un deseo expreso de incorporarse regularmente al mercado laboral.
Este dispositivo también se desarrolló a partir de la colaboración con entidades del tercer sector que trabajan habitualmente con la comunidad migrante, especialmente en lo que respecta a la información, el acompañamiento y el apoyo en materia de inmigración. Esta colaboración fue particularmente relevante en el caso de aquellas entidades que colaboraban con el Ministerio, lo que permitió una respuesta más rápida, eficaz y segura.
Modelo para ser aplicado en otras áreas de intervención social.
Asimismo, la experiencia desarrollada durante este proceso subraya la importancia de consolidar espacios estables de colaboración público-social en provincias como Ourense, donde la cooperación entre las administraciones públicas, los servicios sociales municipales y las entidades del tercer sector resulta especialmente útil para ofrecer respuestas cercanas, ágiles y coordinadas con seguridad jurídica.
El Consejo Provincial considera que este modelo de trabajo, basado en la coordinación técnica, la definición de protocolos comunes y la colaboración con entidades especializadas, puede servir como punto de partida para futuras acciones en otros ámbitos de intervención social, especialmente cuando sea necesario responder a situaciones que requieren proximidad, capacidad de reacción y apoyo administrativo.
