El Pleno de la Diputación acuerda ampliar el Plan de Vivienda hasta en 1,5 millones de euros para ayudar a los municipios a identificar viviendas y propiedades en ruinas o abandonadas.

Ourense, 23 de julio de 2026.

La Diputación Provincial de Ourense dotará al Plan de Vivienda con 300.000 euros adicionales para ayudar a los municipios a identificar viviendas y propiedades en ruinas o abandonadas. La Diputación, en sesión plenaria correspondiente al mes de julio, aprobó hoy una iniciativa que incrementará la dotación económica del mencionado plan hasta 1,5 millones de euros, incorporando asistencia técnica especializada para apoyar a las entidades locales en la labor de investigación, identificación y regularización jurídica, registral y catastral de viviendas y edificios en ruinas o abandonados, así como en la tramitación de los expedientes municipales correspondientes.

Estas obras adquirirían especial relevancia cuando se desconocen los propietarios, han fallecido, no se les puede localizar o existen herencias no formalizadas.

Este acuerdo se suma a otras propuestas relacionadas con la misma cuestión, entre las que se incluye la solicitud a la Xunta de Galicia de que implemente acciones de conservación, aseguramiento, demolición o ejecución subsidiaria. En este sentido, se solicitan cambios en la legislación urbanística y en los procedimientos administrativos para simplificar y agilizar la tramitación de expedientes.

Además, se solicita a un Banco Gallego de edificios en estado de ruina o abandono, en colaboración con los municipios, que identifique propiedades susceptibles de rehabilitación, recuperación o reutilización para nuevos usos residenciales, sociales, culturales o económicos, contribuyendo así a revitalizar el entorno rural y a preservar el patrimonio construido de Galicia.

Finalmente, se apuesta por una respuesta coordinada entre la administración autonómica, la FEGAMP, la FEMP y los colegios oficiales de arquitectos técnicos de Ourense y arquitectos de Galicia. 

Protección de las zonas rurales

En la sesión plenaria también se aprobó otra moción que exigía medidas administrativas y legales para regularizar las propiedades abandonadas, tanto rurales como urbanas, como herramienta para proteger las zonas rurales, garantizar la seguridad pública y prevenir incendios.

Así pues, se solicita a la Xunta de Galicia un sistema centralizado para la tramitación y gestión de los expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra incendios forestales en Galicia, prestando apoyo a los municipios con menor capacidad de gestión y encomendando a la Agencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) la gestión del cobro de las sanciones firmes.

Asimismo, se solicita la aplicación de artículos específicos de la Ley Gallega de Recuperación de Tierras Agrícolas y medidas fiscales y administrativas que facultan a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) para investigar e inspeccionar bienes y derechos sobre tierras rústicas o en zonas rurales cuya titularidad sea incierta. En caso de no existir propietario, el bien pasará a ser propiedad de AGADER.

Este instrumento proporciona a las administraciones públicas una herramienta para actuar sobre solares y viviendas abandonadas, cuando su estado suponga un riesgo para la seguridad, la salud, la conservación del patrimonio o la prevención de incendios de las personas, permitiendo además que las propiedades recuperadas mediante estos instrumentos se incorporen al parque de viviendas públicas, priorizando el alquiler asequible y la estabilización de la población en los municipios afectados por la despoblación.

Asimismo, se insta a la Xunta a implementar un programa para recuperar propiedades abandonadas en zonas urbanas y rurales, en colaboración con los municipios y consejos provinciales, con el objetivo de rehabilitarlas e incorporarlas al parque de viviendas públicas, dando prioridad a las zonas afectadas por la despoblación, con demanda comprobada de vivienda o en zonas urbano-forestales donde su recuperación contribuya a reducir el riesgo de incendios y evitar problemas generados por construcciones deterioradas y edificios adyacentes.

Se solicita al Gobierno del Estado que facilite a la Dirección General del Catastro una identificación obligatoria y rigurosa de los propietarios de parcelas e inmuebles no registrados, mediante una colaboración interadministrativa que permita abrir un plazo para la identificación de todos los propietarios de parcelas situadas en territorio gallego. Una vez concluido el procedimiento sin que dicha identificación sea efectiva, la propiedad pasará a ser gestionada por AGADER.

Limpieza de vías férreas

Otras propuestas aprobadas en la sesión plenaria se centran en la infraestructura ferroviaria y exigen que ADIF, de forma urgente y periódica, limpie, despeje, retire la vegetación seca y elimine la biomasa a los lados de las vías férreas que atraviesan la provincia, especialmente en los tramos ubicados en zonas rurales boscosas o cercanas a núcleos de población, dando prioridad a las acciones en aquellos puntos donde ya se hayan producido incendios o incidentes relacionados con la red ferroviaria.

En este contexto, se solicita un plan anual de mantenimiento preventivo que identifique los tramos de mayor riesgo —en coordinación con la Xunta, el Consejo Provincial y los municipios afectados—, con un calendario de acciones previas a la temporada de alto riesgo de incendios y mecanismos de seguimiento y evaluación. El plan incluiría revisiones del estado de la vegetación en áreas de dominio público, protección y servidumbres ferroviarias, especialmente en puntos donde la proximidad de árboles, arbustos o biomasa pueda favorecer la propagación de incendios.

Otra de las peticiones se refiere a la eliminación progresiva del uso de productos fitosanitarios en los márgenes ferroviarios, priorizando alternativas de control de la vegetación que sean más respetuosas con el medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y los recursos hídricos.

La moción exige que ADIF proporcione información detallada sobre las acciones llevadas a cabo en los últimos años en los ferrocarriles de la provincia, así como sobre la planificación prevista para el presente ejercicio económico.

Finalmente, la iniciativa se extiende al mantenimiento y limpieza de las estaciones de tren ubicadas en la provincia, tanto en el interior como en el exterior, independientemente de si están en funcionamiento o no, dado el estado de abandono en que se encuentran muchas de ellas, con el fin de garantizar su salud, seguridad y conservación.

Ambulancias medicalizadas para el interior de la provincia.

La Corporación ha aprobado una cuarta iniciativa en la que se solicitan ambulancias medicalizadas para el interior de la provincia, en zonas clave como Verín y Valdeorras, un vehículo de soporte vital avanzado para la zona de Trives y Viana, y otro de soporte vital básico para la ciudad de Ourense. La iniciativa incluye la solicitud de refuerzos urgentes con ambulancias de enfermería avanzada mientras se obtienen las unidades médicas completas.

Asimismo, se solicita que se incorpore una ambulancia médica a la base de helicópteros 061, conectada directamente con el área de salud, que esté siempre disponible para cuando el helicóptero no pueda volar.

Cuestiones de procedimiento

El orden del día del pleno incluía una modificación de las bases para la ejecución del presupuesto vigente de la Diputación Provincial, que no implica cambios cuantitativos y que afecta a los municipios de Amoeiro, Arnoia, Larouco, Riós, Sandiás, Punxín y A Mezquita, así como a otras tres entidades, incluida la Universidad de Vigo, debido a cuestiones de cambio de beneficiario o de carácter técnico.

Además, se incluyeron 75.000 euros en el Fondo de Contingencia del Capítulo V del presupuesto, destinados a obras de emergencia que se llevarán a cabo en las localidades de A Bouza y Pixeiros, en Viana do Bolo.

También se aprobaron delegaciones de competencias separadas del Ayuntamiento de Viana do Bolo al Consejo Provincial, relativas al cobro, a través de canales ejecutivos, de los costes de las ejecuciones forzosas y de las multas por infracciones de las leyes de tráfico y las ordenanzas municipales de tráfico.