La Corporación Provincial da el primer paso para implementar el Plan CooperOU 2026, con 19 millones para financiar actuaciones municipales

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En el Pleno celebrado hoy se ha acordado aceptar la conclusión de la asunción, por la Diputación Provincial, de la prestación de los servicios mínimos obligatorios del Ayuntamiento de Os Blancos a partir del 14 de marzo, relacionados con el suministro domiciliario de agua potable, saneamiento, pavimentación de vías públicas y accesos a núcleos de población, alumbrado público y depuración de aguas residuales.

Se aprobaron por unanimidad las propuestas que solicitan al Gobierno central la finalización de la autovía A-56 (Ourense-Lugo); a la Diputación Provincial un plan de contingencia para los daños causados ​​por los recientes temporales; y la defensa de los baños termales terapéuticos como recurso sanitario estratégico.

Ourense, 27 de febrero de 2026.

El pleno de la Diputación Provincial de Ourense, en la sesión correspondiente al mes de febrero, aprobó esta mañana por unanimidad el plan provincial de cooperación para 2026, el Plan CooperOU, que contará con 19 millones de euros (19.005.000). Un millón más que el año pasado.

Aparte del aumento mencionado, el Plan CooperOU 2026 no prevé cambios. Se mantiene la modificación del año pasado en materia de inversiones, de modo que los municipios tendrán mayor flexibilidad para justificar lo ya realizado en cualquier proyecto y así evitar la pérdida de la contribución provincial.

En términos generales, el programa de cooperación incluye como criterio de reparto una parte fija en función de los habitantes de cada municipio (hasta 1.000, 5.000, 10.000 y 20.000), con importes que oscilan entre los 90.000 y los 120.000 euros, y una parte variable en función de la población (que supone el 50%); núcleos de población (20%); índice de envejecimiento (15%); y superficie del municipio (15%).

Los municipios podrán destinar el 40% de la contribución provincial, como mínimo, a inversiones reales, y el 60%, como máximo, a gastos corrientes o amortización de deuda. Excepcionalmente, se podrá destinar el 100% al programa de gastos corrientes y amortización de deuda en casos de insuficiencia financiera manifiesta, así como incluir acciones con un monto superior a los fondos provinciales, siempre que el municipio complemente la financiación.

El orden del día del pleno también incluyó la finalización de la asunción por parte de la Diputación Provincial de la prestación de los servicios mínimos obligatorios por parte del Ayuntamiento de Los Blancos. En concreto, el acuerdo provincial establece que, el 14 de marzo de este año, se dará por finalizada la asunción por parte de la Diputación Provincial de los servicios relacionados con el suministro domiciliario de agua potable, saneamiento, pavimentación de vías públicas y accesos a núcleos de población, alumbrado público y depuración de aguas residuales. Esto significa que el Ayuntamiento de Los Blancos asumirá de nuevo el ejercicio de todas las competencias de gestión y administración de dichos servicios tras la dispensa solicitada hace dos años.

Cuestiones de procedimiento y organización

Junto a la actualización del inventario de bienes y derechos de la Diputación, con un valor cercano a los 1.871 millones de euros, el pleno también aprobó inicialmente la ordenanza de recogida de animales abandonados, que incluye una modificación en el proceso de liquidación de las tarifas por la utilización de este servicio.

Cabe destacar también que en la sesión de hoy han tomado posesión de su cargo como representantes en la Corporación provincial las diputadas del grupo socialista Eva María Pérez Gamote y Susana Rodríguez Rodríguez.

Iniciativas sobre infraestructuras, daños por tormentas y termalismo terapéutico

En el capítulo de propuestas, el Pleno aprobó por unanimidad una moción que exige al Gobierno central que finalice la autovía A-56 (Ourense-Lugo), descartando su conversión en un simple corredor, exigiendo un calendario de ejecución de todos los tramos pendientes y la dotación en los Presupuestos Generales del Estado de las partidas necesarias para completar la autovía en el plazo más breve posible.

Se pide a la Xunta de Galicia que defienda con firmeza y actividad esta infraestructura y a la Diputación de Ourense que lidere un frente común con los municipios por donde discurre el trazado, impulsando reivindicaciones conjuntas.

Una segunda propuesta, nuevamente aprobada por unanimidad, solicita a la Diputación un plan de choque para la inspección, reparación y acondicionamiento de la infraestructura viaria provincial afectada por las recientes inundaciones.

En este sentido, se solicita que las próximas modificaciones presupuestarias incluyan los recursos necesarios para este plan, asignando prioritariamente la mayor parte de estos fondos a los municipios para que, en ejercicio de su autonomía municipal, puedan llevar a cabo las obras necesarias. Asimismo, una vez atendidas las infraestructuras provinciales afectadas, la Diputación Provincial pondrá a disposición de los municipios los medios técnicos necesarios para evaluar y reparar los daños.

Por otra parte, se solicita a la Conselleria de Medio Rural la facilitación de una línea urgente de ayudas para los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas, así como la cofinanciación a partes iguales entre la Xunta de Galicia y el Estado para la reparación y conservación de las vías de concentración parcelaria.

De nuevo, por unanimidad, la Corporación Provincial ha dado su apoyo a otra iniciativa, esta vez en defensa del termalismo terapéutico como recurso sanitario estratégico. Así, se propone que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicite al Gobierno de España la supresión del término «balneario» y la referencia al «uso de aguas» del artículo 5.4 del Real Decreto sobre la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, evitando su comparación con actividades de ocio o bienestar ajenas a la atención sanitaria.

También se pide a la Xunta de Galicia que estudie la inclusión progresiva de las terapias balnearias en la cartera complementaria de servicios de la Comunidad Autónoma, una vez se modifique la normativa estatal.